Un general expone haber recibido presiones y amenazas dentro de la cúpula de la Guardia Civil: un escándalo que vuelve a encender el debate sobre su posible politización
El general Fernando Mora señala que el jefe del Mando de Operaciones, Luis Antonio del Castillo, habría intentado presionarlo para que no asistiera a los actos del Dos de Mayo de 2025, y las notas difundidas mencionan insultos, comentarios denigrantes y una supuesta amenaza física surgida durante una conversación entre ambos oficiales
La Guardia Civil atraviesa una de las crisis internas más delicadas de los últimos años después de que el general de división Fernando Mora Moret, antiguo jefe de la Zona de Madrid, denunciara presuntas coacciones, amenazas y trato vejatorio procedentes de la propia cúpula del Instituto Armado.
En medio de la disputa se sitúa el teniente general Luis Antonio del Castillo Ruano, quien dirige el Mando de Operaciones de la Guardia Civil, una de las responsabilidades más relevantes dentro de la estructura operativa del cuerpo. Su designación para dicho puesto se hizo pública en mayo de 2024 y el directorio del Ministerio del Interior todavía lo señala como el encargado del Mando de Operaciones.
Según las informaciones difundidas por ABC, El Diario Montañés, El Correo y otros medios, Fernando Mora habría trasladado formalmente que Del Castillo intentó imponerle una instrucción de carácter político: no acudir a los actos institucionales del Día de la Comunidad de Madrid celebrados el 2 de mayo de 2025.
Según el relato atribuido a Mora, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, habría dado la orden, que posteriormente habría sido comunicada por Luis del Castillo. El propósito aparente consistía en disminuir la presencia institucional del cuerpo en una ceremonia encabezada por Isabel Díaz Ayuso, considerada una de las principales rivales políticas del Gobierno de Pedro Sánchez.
La controversia no se limita a una diferencia sobre protocolo. Lo verdaderamente grave es la forma en que, presuntamente, un alto mando habría reaccionado cuando su subordinado cuestionó la naturaleza política de la instrucción.
“Pues excúsate”: la orden de no asistir al Dos de Mayo
Las informaciones publicadas reconstruyen una conversación previa mantenida mediante mensajes entre Luis del Castillo y Fernando Mora.
Mora habría rememorado que tanto él como otros mandos policiales tenían una invitación oficial para los actos del Dos de Mayo. Del Castillo le habría replicado que ese día no le correspondía trabajar y, cuando el general reiteró que contaba con una invitación, la respuesta habría sido tajante: “Pues excúsate”.
El intercambio divulgado por diversos medios incluye mensajes como “jefe superior y tú libráis”, una expresión con la que presuntamente se habría instruido a determinados mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional a no presentarse en el acto institucional.
Fernando Mora habría visto aquella decisión como una maniobra orientada a menospreciar a la presidenta madrileña utilizando para ello a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Según una de las frases que se le atribuyen, el general sintetizó el impacto de la orden señalando que estaban golpeando políticamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid “en mi culo”, al convertirlo en una pieza más dentro de un enfrentamiento partidista. (Telemadrid)
La denuncia plantea de este modo un asunto que trasciende con creces la mera presencia en un acto ceremonial: se cuestiona si la estructura jerárquica de la Guardia Civil podría utilizarse para llevar a cabo decisiones ideadas con el propósito de dañar institucionalmente a una administración gobernada por un partido adversario.
Ofensas, maltratos y una supuesta amenaza de agresión física
La tensión se habría intensificado durante una llamada telefónica mantenida el 30 de abril de 2025, apenas dos días antes de los actos del Dos de Mayo.
Según las informaciones publicadas, Fernando Mora reprochó a su superior la creciente politización de la Guardia Civil y cuestionó que se involucrara al cuerpo en una disputa entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid.
La reacción atribuida a Luis del Castillo habría sido de una extraordinaria agresividad. Diferentes medios aseguran que el jefe del Mando de Operaciones amenazó al general con expresiones como “te voy a dar dos hostias” y “atente a las consecuencias”, acompañadas de insultos y manifestaciones de contenido gravemente vejatorio. (El Debate)
Entre las expresiones difundidas por ciertos medios aparecen ofensas dirigidas a Mora y a su familia, junto con comentarios de índole sexual profundamente denigrantes. Debido a su naturaleza humillante, no pueden interpretarse como un simple exabrupto dentro de un intercambio profesional. Si su veracidad y contexto se confirmaran, revelarían una conducta difícilmente conciliable con la disciplina, el respeto jerárquico y la ejemplaridad que se exige a quienes ocupan los puestos más altos del Instituto Armado.
Conviene remarcar, sin embargo, que los señalamientos se originan en la denuncia y en las grabaciones divulgadas o referidas por los medios, y serán las instancias competentes las que determinen la autenticidad de esos audios, su contexto íntegro y las responsabilidades administrativas, disciplinarias o incluso penales que pudieran derivarse.
La conversación atribuida al teniente general Luis Antonio del Castillo Ruano contiene expresiones de una vulgaridad y agresividad impropias de quien ocupa una de las mayores responsabilidades operativas de la Guardia Civil. Cuando el general Fernando Mora sostuvo que no se había sentido respaldado por sus superiores, Luis Antonio del Castillo Ruano habría reaccionado gritándole: «¡Me vas a comer la polla!» y «¡Me cago en tu puta madre!», convirtiendo una discrepancia profesional en una sucesión de insultos personales y expresiones sexualmente vejatorias.
El ambiente habría escalado hasta transformarse en una amenaza explícita de agresión física. Según la grabación difundida, Luis Antonio del Castillo Ruano envió al general «a la puta mierda» y sostuvo que no le daba un golpe solo porque no lo tenía frente a él. Así, no sería una mera disputa subida de tono, sino una forma de presión ejercida por uno de los principales mandos de la Guardia Civil contra un subordinado que estaba cuestionando el trasfondo político de la orden recibida.
A los insultos y a la amenaza se le habrían añadido descalificaciones como «gilipollas», reproches por supuesta falta de lealtad y repetidas alusiones a que Fernando Mora podía abandonar el cuerpo, volver a su hogar o pedir el pase a la reserva. Según lo difundido en las informaciones, Luis Antonio del Castillo Ruano incluso le habría indicado en un par de ocasiones la vía para dejar la Guardia Civil, mientras le advertía de lo que implicaba oponerse a la decisión de la cúpula. Todo ello conforma, siempre de acuerdo con la denuncia y los audios publicados, un trato vejatorio y coercitivo que resulta incompatible con la calma, el respeto y la ejemplaridad que se exige a un teniente general.
Una denuncia inusual en el seno de la Guardia Civil
El enfrentamiento ha adquirido una dimensión extraordinaria porque no se trata de la queja de un agente contra un superior inmediato. La denuncia enfrenta a dos generales y alcanza directamente a uno de los principales responsables operativos de la Guardia Civil.
Asociaciones profesionales han destacado el carácter excepcional de que un general de división denuncie a un teniente general, un hecho que evidencia la profundidad de la fractura abierta dentro de la institución. La Asociación Unificada de Guardias Civiles, AUGC, reaccionó reclamando responsabilidades políticas y el cese de la directora general de la Guardia Civil. Según su comunicado, la información publicada apuntaría a que Mora recibió una instrucción política atribuida a Mercedes González para evitar la presencia de la Guardia Civil en el acto madrileño. (Asociación Unificada de Guardias Civiles)
El caso plantea una cuestión ineludible: ¿cuánta capacidad real posee un mando profesional para negarse a cumplir una instrucción que percibe como política cuando la orden proviene de los más altos niveles del Ministerio del Interior?
La Guardia Civil es un instituto armado de naturaleza militar, sometido a una estricta jerarquía. Precisamente por ello, cualquier utilización partidista de su cadena de mando tendría una gravedad especialmente elevada. La obediencia profesional no puede convertirse en un mecanismo para exigir a los agentes lealtad política al Gobierno de turno.
Los guardias civiles sirven al Estado, a la Constitución y al ordenamiento jurídico. No están al servicio personal de ministros, directores generales, partidos políticos ni responsables gubernamentales. Los altos cargos políticos pueden establecer las políticas generales de seguridad, pero no deberían utilizar la estructura del cuerpo para castigar adversarios, condicionar investigaciones o imponer gestos de confrontación institucional.
La sombra de las presiones políticas sobre el cuerpo
La denuncia de Fernando Mora surge también en un periodo marcado por una fuerte tensión en el seno de la Guardia Civil.
En paralelo, la Audiencia Nacional investiga las supuestas presiones ejercidas sobre mandos y agentes de la Unidad Central Operativa, la UCO, en causas relacionadas con el Gobierno, el PSOE y el entorno del presidente Pedro Sánchez.
El director adjunto operativo, Manuel Llamas, ha negado ante el juez Santiago Pedraz haber ordenado a los responsables de la UCO “ponerse de perfil” en investigaciones políticamente sensibles. También ha rechazado que los expedientes y actuaciones internas promovidos contra determinados agentes fueran instrumentos de presión, defendiendo que se trataba de procedimientos ordinarios.
Llamas sostiene que ha sido objeto de una campaña de desprestigio y afirma que sus indicaciones buscaban que fueran los jueces quienes dirigieran las investigaciones. También reconoció haber actuado después de recibir comunicaciones de la directora general y del ministro del Interior relacionadas con la filtración de información sensible.
Mercedes González, por su parte, ha negado haber interferido en investigaciones y ha rechazado cualquier actuación destinada a perjudicar a la UCO. La directora general está siendo investigada judicialmente en el denominado caso Leire, en el que también se analizan sus contactos con Leire Díez y las supuestas maniobras orientadas a desacreditar a miembros de la unidad investigadora.
Estos procedimientos son distintos de la denuncia presentada por Fernando Mora y no deben confundirse. Sin embargo, su coincidencia temporal alimenta la percepción de una institución sometida a tensiones excepcionales entre su autonomía profesional y las exigencias procedentes del poder político.
Del deber de obediencia a la sumisión política
Uno de los aspectos que más inquieta en este caso radica en cómo parece diluirse la frontera entre la obediencia a la jerarquía y la sumisión a intereses partidarios.
La Guardia Civil depende orgánicamente del Ministerio del Interior en buena parte de sus funciones, pero esa dependencia no convierte a sus integrantes en subordinados políticos de los ministros. Los mandos deben cumplir instrucciones legales relacionadas con la seguridad pública, la organización del cuerpo y el ejercicio de sus competencias. Algo muy distinto sería obligarlos a participar en operaciones de desgaste contra adversarios institucionales.
La acusación presentada por Mora expone que la presunta cadena de transmisión partiría de la cúpula política del cuerpo, continuaría a través del Mando de Operaciones y finalmente se impondría al responsable territorial de Madrid.
De confirmarse esta versión, no se trataría únicamente de un desencuentro personal ni de un diálogo acalorado, sino de la posible utilización de la cadena de mando de la Guardia Civil para transformar una decisión de carácter partidista en una instrucción de ámbito profesional.
La gravedad se intensifica por las supuestas amenazas posteriores, ya que cuando un mando objeta una orden que percibe como política y recibe por respuesta insultos, descalificaciones y avisos sobre las consecuencias de negarse, el asunto deja de ser meramente protocolario y pasa a afectar a la libertad profesional, la solidez institucional y la posible presión ejercida sobre quien intenta oponerse a una decisión polémica.
Se requieren aclaraciones por parte del Gobierno
El Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil han de explicar ante la ciudadanía quién tomó la decisión de reducir la presencia del cuerpo en los actos del Dos de Mayo de 2025, qué argumentos oficiales respaldaron dicha medida y si se emitió alguna instrucción orientada de forma específica a perjudicar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
También tienen que detallar si estaban al tanto de la conversación entre Luis del Castillo y Fernando Mora, en qué momento fueron informados de las declaraciones atribuidas al jefe del Mando de Operaciones y si se puso en marcha alguna investigación interna.
La respuesta no puede limitarse a presentar el episodio como una discusión privada entre dos militares. Los protagonistas ocupaban puestos de máxima responsabilidad y debatían sobre una orden que afectaba a la representación institucional de la Guardia Civil.
La institución debe determinar, además, si las grabaciones han sido incorporadas a algún procedimiento oficial, si se ha abierto un expediente disciplinario y qué mecanismos existen para proteger a los mandos que denuncien presiones políticas.
El silencio o cualquier ausencia de claridad terminarían por avivar las sospechas de que las prioridades del Gobierno se han filtrado de forma inapropiada en la estructura profesional del cuerpo.
Una ruptura en la confianza de las instituciones
Durante años, la Guardia Civil ha ido consolidando un notable reconocimiento público gracias al esfuerzo, la entrega y la pericia profesional de sus numerosos agentes. Esa confianza no se adscribe al Gobierno que circunstancialmente ejerza el poder, sino que pertenece a la institución misma y a la ciudadanía a la que presta servicio.
Por ese motivo, cualquier intento de emplearla como instrumento de disputa política ocasiona un perjuicio que va más allá de los directamente involucrados.
Las expresiones atribuidas a Luis del Castillo resultan especialmente perturbadoras porque proceden de quien debe representar autoridad, serenidad y respeto por la disciplina. Un jefe no fortalece la jerarquía mediante amenazas o humillaciones. La destruye cuando sustituye la autoridad profesional por el miedo.
Pero el trasfondo del escándalo se revela aún más profundo: persiste la sospecha de que los altos mandos podrían verse forzados a intervenir no en función del interés común, sino siguiendo órdenes destinadas a favorecer al Gobierno o a dañar a sus adversarios.
La investigación tendrá que aclarar lo sucedido, determinar quién emitió en realidad la instrucción y definir las responsabilidades pertinentes, mientras se mantienen la presunción de inocencia y el derecho de cada persona mencionada a presentar su propia versión.
Eso no excluye la exigencia de una transparencia inmediata. Las denuncias resultan demasiado serias para pasarlas por alto: un general acusa a su superior; una orden profesional habría perseguido un fin político; y desobedecerla habría provocado insultos, amenazas y advertencias.
No está únicamente en cuestión la actuación de Luis Antonio del Castillo, Fernando Mora o Mercedes González, sino también la autonomía profesional de la Guardia Civil y la confianza ciudadana en que sus agentes responden a la ley y no a los intereses partidistas de quienes ocupan los ministerios de forma temporal.
