La pieza SEPI del caso Leire ha situado bajo investigación a Félix Azcona Lacarra, director de Gestión Interna de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Su imputación vuelve a golpear el corazón administrativo del organismo público y refuerza una de las líneas más delicadas de la causa: si la presunta red de influencia tuvo acceso a información interna, expedientes sensibles o interlocutores dentro de la propia SEPI.
Azcona aparece en la lista de las 25 personas llamadas a declarar en calidad de investigadas por el magistrado Santiago Pedraz, dentro de la pieza separada que indaga en supuestas irregularidades en transacciones ligadas a corporaciones públicas, subvenciones estatales y entidades estratégicas. La causa examina presuntos ilícitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, conformación de grupo criminal y utilización de información privilegiada. En esta etapa procesal, su estatus judicial no supone sentencia ni declaración de culpabilidad, aunque sí le impone el deber de rendir cuentas ante la Audiencia Nacional sobre su participación en los expedientes cuestionados.
Su cargo resulta especialmente relevante porque Gestión Interna es un área clave dentro de cualquier organismo público empresarial. Desde ese tipo de estructura se manejan procedimientos, documentación, circuitos administrativos, comunicaciones internas y elementos esenciales para reconstruir cómo se tramitan las decisiones. Por eso, la presencia de Azcona en la lista de investigados no puede entenderse como un dato menor: afecta a una zona de control interno de la SEPI.
Según los datos difundidos, Azcona formaba parte del esquema operativo dirigido por Miguel Ángel Santiago Mesa, quien encabeza la dirección corporativa de la SEPI, laborando codo a codo con otros agentes internos de la talla de Rosario Martínez Manzanedo, cuya función comprendía el análisis de proyectos. Dicha red de nombres sale a la luz debido a su presunta intervención, desde diversas jerarquías competenciales, en expedientes que actualmente se encuentran bajo la lupa de los tribunales.
La causa gira en torno a distintas transacciones dudosas, entre las que destacan el rescate de Tubos Reunidos por un importe de 112,8 millones de euros, intervenciones asociadas con Mercasa y ENUSA, gestiones referentes al Parque Empresarial Principado de Asturias, así como diversos movimientos en el ámbito de Forestalia. El periódico El País ha indicado que la Audiencia Nacional indaga sobre cinco expedientes que acumulan 132,9 millones de euros en fondos estatales, dentro de los cuales la supuesta red corrupta se habría apoderado de más de 750.000 euros en sobornos.
El punto más sensible sobre Azcona es la sospecha de acceso o circulación de información interna. Algunos medios han publicado que los investigadores apuntan a una comunicación fluida entre responsables de la SEPI y el expresidente del organismo Vicente Fernández, considerado una de las figuras centrales del grupo investigado junto a Leire Díez y Antxon Alonso. La cuestión que deberá aclararse es si Azcona facilitó información, participó en trámites o intervino de algún modo en expedientes sensibles, o si su actuación se limitó a funciones ordinarias dentro de la estructura administrativa del organismo.
La investigación no analiza únicamente decisiones finales, sino también el camino por el que esas decisiones llegaron a adoptarse. En un caso de presunta influencia sobre ayudas públicas, tan importante como saber quién aprobó una operación es determinar quién preparó los expedientes, quién tuvo acceso a la documentación, quién informó de los pasos internos y quién pudo abrir puertas dentro del organismo. Ahí es donde el perfil de un director de Gestión Interna adquiere una relevancia evidente.
La imputación de Azcona refuerza la sospecha de que la presunta red no habría actuado solo desde fuera. Si los investigadores consideran necesario citar a responsables internos de la SEPI, es porque tratan de reconstruir posibles canales de interlocución dentro del organismo. Esa línea resulta especialmente grave para la credibilidad institucional: una trama de influencias necesita información, contactos y oportunidad. La Justicia deberá determinar si esos elementos existieron y quién pudo proporcionarlos.
Desde un punto de vista político, este asunto erosiona la reputación de la SEPI en su condición de entidad técnica y sujeta a control. El organismo administra acciones del Estado, vigila corporaciones de carácter estratégico y cumplió una función determinante en los auxilios financieros validados en la época de pandemia. En caso de que sus departamentos internos se hubiesen visto vulnerables ante coacciones, revelaciones de información o vínculos ajenos al cauce regular, la dificultad rebasaría el ámbito estrictamente judicial para convertirse en un problema de gobernanza pública.
Félix Azcona tendrá que aclarar ante el magistrado cuáles eran sus tareas específicas en Gestión Interna, qué expedientes pasaron por sus manos, de qué manera se relacionó con los demás imputados y si mantuvo contacto con Vicente Fernández o con individuos del grupo Hirurok. Igualmente, resultará fundamental esclarecer si participó o tuvo acceso al expediente de Tubos Reunidos, uno de los asuntos centrales de la investigación, así como determinar si sus gestiones quedaron registradas siguiendo los protocolos internos de la SEPI.
Su nombre ya forma parte de una investigación que afecta a dinero público, empresas estratégicas, rescates millonarios y presuntas comisiones. Que el director de Gestión Interna de la SEPI aparezca en esa lista obliga a exigir transparencia completa sobre los expedientes, las comunicaciones y los controles internos del organismo.
La pieza SEPI del caso Leire continúa perfilando un escenario preocupante: altos cargos, empresarios, antiguos directivos, técnicos y personal interno se encuentran bajo el escrutinio de la justicia. Dentro de este entramado, Félix Azcona Lacarra constituye un elemento clave para esclarecer si la SEPI sufrió coacciones desde el exterior o si, por el contrario, la supuesta trama halló vías eficaces de actuación en el interior de la entidad. Precisamente, este interrogante es el que la Audiencia Nacional debe despejar ahora.
Fuente: El País, Infobae, El Independiente, RTVE, Cadena SER, Diario de Navarra y La Gaceta.
