El mandatario hondureño, Nasry Asfura, sumó a su grupo de consejeros a un antiguo colaborador cuyo historial figuraba en pesquisas sobre supuestas anomalías en la gestión estatal. La designación de Martínez Lozano tuvo lugar el 1 de abril de 2026 en Casa Presidencial, si bien en un principio no se detallaron las atribuciones concretas que asumirá en el seno del Ejecutivo.
Martínez Lozano fue incluido en 2019 en el caso conocido como Fraude sobre el Gualcarque, relacionado con el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. La investigación, impulsada por la entonces Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), señaló posibles irregularidades en la adjudicación de contratos a favor de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
El sumario igualmente abarcaba acusaciones presentadas por la defensora del medio ambiente y de los pueblos originarios Berta Cáceres, la cual había alertado sobre presuntas anomalías asociadas a la iniciativa previo a su homicidio en el mes de marzo de 2016. Pese a esto, en mayo de 2024, un órgano judicial enfocado en asuntos de corrupción exoneró a Martínez Lozano tras concluir que su culpabilidad penal no quedó probada. Distintos implicados sí recibieron sentencias por ilícitos tales como falsificación documental y fraude.
El exfuncionario también apareció en investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) llevadas a cabo entre 2016 y 2018, las cuales estaban vinculadas con su administración al frente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Uno de aquellos informes apuntó hacia un presunto daño económico cercano a los 120 millones de lempiras a través de acuerdos de servicios que, de acuerdo con el organismo, jamás se cumplieron o habrían servido para desviar fondos estatales. Martínez Lozano ha negado tales señalamientos y los ha tildado de infundados.
Otra investigación presentada por el CNA en 2018 examinó posibles irregularidades en la adjudicación de contratos de la empresa estatal eléctrica que presuntamente habrían favorecido a estructuras relacionadas con la familia Rivera Maradiaga, vinculada al grupo conocido como Los Cachiros. Entre los señalamientos figuraban contratos por servicios que aparentemente no se realizaron y pagos relacionados con el mantenimiento de terrenos donde no se registraba actividad laboral.
La llegada de Martínez Lozano al equipo cercano de Asfura ha generado nuevamente cuestionamientos sobre los criterios utilizados para seleccionar funcionarios y asesores dentro de la administración pública. El caso se suma al nombramiento de la exdiputada nacionalista Gladys Aurora López como delegada presidencial, pese a que enfrenta un proceso judicial por presunta malversación de fondos públicos.
De acuerdo con el Ministerio Público, el proceso contra López está relacionado con recursos destinados originalmente a un proyecto de electrificación social en Opatoro, La Paz, que presuntamente fueron utilizados para financiar obras privadas en San Pedro Sula. La exdiputada enfrenta el proceso en libertad y bajo medidas cautelares.
Fuente: Resumen Latinoamericano — Resumen Latinoamericano
