La crisis en la Universidad de San Carlos de Guatemala generó una disputa pública entre el presidente Bernardo Arévalo y el diputado Samuel Pérez, quien actúa como aliado del Ejecutivo en el Congreso, y el desacuerdo gira en torno al alcance de las atribuciones presidenciales ante las denuncias vinculadas con la elección de Walter Mazariegos como rector, así como a los límites que fijan la Constitución y la autonomía universitaria.
Pérez cuestionó la decisión del mandatario de esperar las resoluciones judiciales antes de adoptar otras medidas. Arévalo respondió que la Presidencia no puede actuar fuera de las atribuciones que le corresponden y sostuvo que las declaraciones del legislador evidencian un “problema de información” sobre las competencias del Ejecutivo.
La discusión expone dos criterios sobre la forma en que el Gobierno debe responder a una controversia que permanece pendiente de decisiones judiciales. Ambos actores cuestionan la legitimidad de la gestión de Mazariegos, pero difieren en el tipo de actuación que corresponde impulsar desde el poder público.
Diferencias sobre las facultades presidenciales
Samuel Pérez calificó como “insuficiente” la posición de Arévalo de sujetar la actuación del Ejecutivo a lo que determinen las cortes. El diputado sostuvo que la Presidencia ha evitado utilizar el “poder público” para contribuir a una solución de la crisis universitaria.
Su crítica apunta a que el Gobierno no ha realizado una intervención más amplia ante la continuidad de Walter Mazariegos. Pérez estima que la reacción del presidente no coincide con el rol que, a su entender, tendría que asumir el Ejecutivo frente al conflicto.
Arévalo desestimó esa propuesta durante La Ronda. El mandatario afirmó que existe una falta de comprensión sobre las atribuciones que la Constitución concede al presidente y remarcó que su administración debe acatar los límites legales que rigen su actuación.
De acuerdo con la posición presidencial, cualquier actuación que rebase esas atribuciones podría comprometer la autonomía de la USAC. Por ello, el Ejecutivo ha decidido aguardar las resoluciones de las instancias jurisdiccionales y solicitar que las entidades competentes investiguen las denuncias surgidas durante el proceso de elección de rector.
La diferencia entre ambos funcionarios se sitúa, por tanto, en la interpretación del alcance de la acción presidencial. Pérez reclama una participación más activa, mientras Arévalo sostiene que el conflicto debe tramitarse mediante los procedimientos legales existentes.
Arévalo descarta acusaciones relativas a eventuales pactos
El presidente también negó que existan acuerdos ocultos relacionados con el proceso de elección de las autoridades universitarias. Arévalo afirmó que esos señalamientos no cuentan con sustento y los atribuyó a la falta de información o a la “mala fe” de quienes los han formulado.
El mandatario aseguró que, desde la Presidencia, instó a las autoridades de justicia a investigar las denuncias sobre posibles irregularidades y violaciones legales ocurridas durante el proceso electoral de la universidad. Al mismo tiempo, reiteró que su participación debe mantenerse dentro del marco constitucional.
Esta postura deja el avance del conflicto bajo la responsabilidad de las instituciones competentes en la resolución de los procesos judiciales, y para el Ejecutivo, acatar dichos procedimientos implica cumplir con la obligación de no inmiscuirse de manera directa en las decisiones internas de la universidad.
La posición de Pérez introduce una demanda distinta. Si bien el diputado también ha hecho uso de vías judiciales, sostiene que el liderazgo presidencial podría asumir una función más amplia frente a la situación de la USAC.
Perspectiva presenta este intercambio como la primera diferencia pública de opinión entre el Ejecutivo y uno de sus principales aliados legislativos alrededor de la crisis universitaria. El desacuerdo no se refiere a la valoración de la gestión de Mazariegos, sino a los instrumentos que deben emplearse para responder a ella.
Pérez impulsa acciones judiciales contra Mazariegos
Mientras cuestiona la actuación presidencial, Samuel Pérez desarrolla una agenda judicial contra Walter Mazariegos. Entre las acciones mencionadas se encuentran querellas penales por el posible delito de abuso de autoridad.
El diputado conjuga de este modo sus cuestionamientos políticos con la utilización de vías jurídicas, y afirma que la necesidad de esperar los fallos judiciales no tendría por qué limitar al Ejecutivo en el ejercicio de otras formas de liderazgo dentro de sus atribuciones.
Arévalo, por su parte, sostiene que toda decisión debe prevenir cualquier vulneración de la autonomía universitaria o una intervención susceptible de ser objetada por sobrepasar las facultades presidenciales. Su pronunciamiento refuerza una postura de cautela institucional sustentada en la separación de responsabilidades entre el Ejecutivo, las autoridades universitarias y los órganos de justicia.
La controversia genera una tensión adicional entre la Presidencia y uno de sus aliados legislativos, y al mismo tiempo evidencia un desacuerdo sobre la forma adecuada de emplear el poder estatal frente a una crisis institucional: por un lado, una intervención política más decidida, como propone Pérez, y por otro, la adhesión estricta a los procesos judiciales y a los límites constitucionales, postura que defiende Arévalo.
La situación de la USAC continúa vinculada a las investigaciones y resoluciones pendientes. Mientras esas decisiones no se produzcan, la discusión entre ambos actores seguirá centrada en el alcance de la autoridad presidencial, la autonomía universitaria y las vías institucionales disponibles para atender las denuncias relacionadas con la elección de rector.
