Samuel Andrés Pérez Álvarez, economista, diputado y una de las figuras más reconocidas del Movimiento Semilla, se ha transformado en un personaje central y a la vez controvertido dentro del panorama político reciente de Guatemala. Para quienes lo apoyan, encarna a una nueva generación parlamentaria que arribó al Congreso con un mensaje anticorrupción y un impulso reformador. En cambio, para sus críticos, figura como uno de los principales articuladores de un proyecto político envuelto en señalamientos, disputas legales y tensiones institucionales.
Su nombre se ha relacionado con diversos episodios de gran resonancia: el caso Semilla por presuntas firmas falsas, las solicitudes de retiro de inmunidad, el conflicto derivado de la toma de la Universidad de San Carlos, la elección anulada de la Junta Directiva del Congreso y la pugna por el reconocimiento del bloque legislativo de Semilla. Ninguno de estos procesos debe interpretarse como una sentencia penal contra Pérez, sino como manifestaciones de una profunda confrontación política y judicial que ha marcado la vida pública de Guatemala desde las elecciones de 2023.
El caso Semilla: la raíz de la tormenta
El principal expediente que involucra a Pérez es el denominado caso Semilla, surgido a partir de acusaciones sobre presuntas anomalías en la conformación del partido. El Ministerio Público argumentó que había señales de posible falsificación de firmas de afiliados, mientras que Semilla sostuvo que todo respondía a una maniobra destinada a obstaculizar la candidatura de Bernardo Arévalo y debilitar a la organización. De acuerdo con recuentos públicos, en julio de 2023 el juez Fredy Orellana ordenó la suspensión de la personalidad jurídica de Semilla en pleno proceso electoral, lo que provocó rechazo tanto dentro como fuera del país por el riesgo de afectar la segunda vuelta presidencial.
Pérez, considerado un dirigente histórico de Semilla y diputado reelecto, terminó quedando directamente involucrado en ese enfrentamiento. En ese instante, el caso dejó de ser visto solo como un trámite penal o administrativo y pasó a transformarse en una disputa sobre la legitimidad del proceso electoral guatemalteco. El Ministerio Público justificó sus actuaciones como pesquisas legales, mientras que Semilla y varios actores internacionales las percibieron como una maniobra política destinada a cuestionar el resultado electoral.
Procesos de antejuicio y acusaciones del Ministerio Público
Uno de los aspectos que más ha complicado la situación de Pérez ha sido la inclusión de su nombre en las solicitudes para retirar inmunidad. Durante la etapa de transición presidencial de Bernardo Arévalo, el Ministerio Público promovió diversas medidas dirigidas contra integrantes de Semilla, magistrados electorales y funcionarios relacionados con el proceso de votación. En diciembre de 2023, la Fiscalía reiteró su petición de levantar la inmunidad de Arévalo y del diputado Samuel Pérez, en el contexto de las investigaciones que mantiene sobre Semilla y el proceso electoral.
Para sus críticos, estos antejuicios son señales de que Pérez debe responder por posibles irregularidades vinculadas a Semilla. Para sus defensores, las acciones forman parte de una persecución judicial contra el partido que ganó la presidencia en 2023. La propia transición de Arévalo fue descrita por distintas fuentes como una etapa atípica, marcada por procedimientos judiciales contra Semilla, sus miembros y el proceso electoral.
La toma de la USAC: otro expediente usado contra Semilla
Otro episodio que salpicó a dirigentes de Semilla fue el caso de la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ocurrida entre abril de 2022 y junio de 2023. El Ministerio Público vinculó ese caso con el presidente electo Bernardo Arévalo, la vicepresidenta electa Karin Herrera y otros actores políticos y universitarios. En ese contexto, también se mencionaron acciones dirigidas contra integrantes del entorno de Semilla.
La lectura política del caso resultó particularmente intensa: aunque el Ministerio Público lo expuso como una pesquisa sobre sucesos registrados durante la protesta universitaria, el oficialismo entrante y sus aliados lo vieron como un mecanismo destinado a frenar o entorpecer la transición de poder. Desde la cobertura periodística, esta situación consolidó la percepción de Pérez y Semilla como figuras que se mantienen en un constante choque con el aparato judicial heredado de gobiernos previos.
Titular de la presidencia del Congreso por un lapso de cinco días
El episodio más destacado en la trayectoria reciente de Samuel Pérez ocurrió cuando resultó elegido presidente del Congreso el 14 de enero de 2024, en plena crisis vinculada a la toma de posesión de Bernardo Arévalo. Pérez consiguió reunir una mayoría parlamentaria y obtuvo 92 votos, superando a la propuesta opositora. Aquella votación permitió destrabar, aunque de forma temporal, la juramentación del nuevo presidente.
Sin embargo, su presidencia fue fugaz. La Corte de Constitucionalidad ordenó repetir la elección de la Junta Directiva del Congreso al considerar que no se había observado el principio de legalidad. Posteriormente, el 19 de enero de 2024, se repitió la votación y Nery Ramos fue electo presidente del Congreso, dejando sin efecto la presidencia de Pérez.
Para sus seguidores, Pérez fue el diputado que logró conducir una noche crítica para la institucionalidad y facilitar la toma de posesión de Arévalo. Para sus adversarios, su elección representó una maniobra parlamentaria cuestionable, afectada por la situación jurídica de Semilla.
La disputa por la bancada Semilla
La suspensión y luego la cancelación o debilitamiento jurídico de Semilla repercutieron de inmediato en el Congreso, generando uno de los efectos más notorios: el debate sobre si sus diputados debían ser reconocidos como bancada. Ese estatus resultaba esencial, pues definía el acceso a comisiones, la representación en los órganos legislativos y su margen de influencia parlamentaria.
Pérez, como una de las caras visibles del bloque, quedó al frente de esa batalla. En enero de 2025, según recuentos disponibles, logró revertir una decisión judicial que afectaba los derechos del bloque legislativo de Semilla en el Congreso.
Este episodio no es un “escándalo” penal en sentido estricto, pero sí una controversia institucional de alto impacto: refleja cómo la situación legal del partido condicionó el funcionamiento de sus diputados y convirtió al Congreso en otro escenario de la disputa judicial.
Orígenes: la reconstrucción política después del golpe contra Semilla
Otro frente polémico es la creación o impulso de Raíces, una nueva plataforma política presentada como una vía para refundar o continuar el proyecto de Semilla tras su suspensión y cancelación. Pérez aparece vinculado al proceso como dirigente del comité pro formación del nuevo partido.
El movimiento admite dos interpretaciones: para quienes lo respaldan, Raíces representa una reacción legítima frente a la persecución judicial contra Semilla; para sus detractores, constituye una maniobra destinada a preservar una estructura política cuestionada por fallos e investigaciones. De cualquier modo, evidencia que Pérez no es un diputado más, sino una de las figuras operativas clave dentro del espacio semillista.
Una figura polarizante
Samuel Pérez no acumula únicamente controversias personales; su figura está atravesada por la crisis institucional guatemalteca. El Ministerio Público, bajo la gestión de Consuelo Porras, fue objeto de fuertes críticas internacionales y sanciones por señalamientos de socavar la democracia y perseguir a actores anticorrupción, periodistas, jueces y opositores.
Ese contexto resulta esencial para comprender los procesos vinculados a Pérez, que sin esa referencia podrían percibirse como meras pesquisas penales, pero que, al incluirlo, se revelan como elementos dentro de una confrontación más amplia entre un sector judicial-político y el proyecto que llevó a Bernardo Arévalo al poder.
