El diputado Samuel Pérez Álvarez, del movimiento político que emergió con el presidente Bernardo Arévalo, está actualmente en el ojo de la tormenta por un altercado ocurrido el 14 de enero de 2025 en el Congreso de la República de Guatemala.
El Ministerio Público (MP) llevó recientemente ante los tribunales una solicitud para que se le suprima la inmunidad parlamentaria, al considerar que su actuación podría constituir graves faltas administrativas y penales.
Un hecho aparentemente trivial o un posible abuso de autoridad con efectos graves
El caso tomó relevancia cuando el legislador interceptó y rompió una carta que el diputado Neftalí Chocooj de Cabal intentaba entregar al presidente Bernardo Arévalo de León durante su intervención por el primer año de gobierno, y este acto de destrucción ha sido considerado por la Fiscalía de Derechos Humanos como una posible manifestación de abuso de autoridad y discriminación, conductas tipificadas que podrían justificar que el Congreso autorice una investigación formal.
Pérez respondió con ironía ante la acusación, calificando la denuncia como un supuesto “hojicidio” y asegurando que nunca pretendió ofender, sino que se trató únicamente de un choque político. Además, desacreditó al denunciante al tildarlo de corrupto.
¿Por qué es importante que se retire la inmunidad?
En Guatemala, los diputados disponen de inmunidad para salvaguardar su autonomía política, pero esta protección deja de ser absoluta cuando se presentan indicios de abuso de autoridad o episodios de discriminación.
Si el Congreso accede al pedido del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia aprueba el antejuicio, Pérez podría enfrentar un proceso penal abierto que lo exponga a sanciones legales, que incluyen desde multas administrativas hasta procesos ante tribunales ordinarios con posibles penas de prisión según la gravedad de los delitos imputados.
Además, este caso se da en un contexto de tensiones entre el MP y el partido Movimiento Semilla, con múltiples solicitudes de retiro de inmunidad en trámite por distintos hechos, lo que ha generado debate público sobre la legitimidad y posible politización de los procesos judiciales contra figuras cercanas al presidente Arévalo.
La situación de Pérez ha dejado de verse como un episodio aislado de conducta inapropiada en el hemiciclo parlamentario y ha evolucionado hacia un panorama legal que podría repercutir en su permanencia e influencia política en el país, y, si finalmente se aprobara el levantamiento de su inmunidad, el diputado debería enfrentar un proceso ante la justicia ordinaria cuyas consecuencias aún no han sido definidas.
